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El lenguaje jurídico:
la barrera de la justicia en México 

Abogado proviene del latín advocatus, voz latina formada por la partícula ad, a o para, y por el participio vocatus, llamado, lo que quiere decir llamado a o para. Sobra decir que el abogado siempre es requerido, la mayoría de las veces, por quienes se encuentran en un conflicto y necesitan de una asesoría y representación en términos legales para llevar un proceso ante una autoridad jurisdiccional. La profesión de la abogacía, considerando el vestigio más acabado de la profesión como la conocemos ahora, surge en Grecia; sin embargo, la historia dejó la tarea de desarrollar el derecho a los romanos. A nuestro actual territorio llegó el derecho de occidente gracias al proceso de conquista, pues los españoles, fuertemente influenciados por el derecho romano, trajeron en principio el derecho de Castilla, en buena medida porque fue este reino quien mayormente apoyó la llegada al nuevo territorio. Durante la vida colonial se desarrolló lo que ahora conocemos como el derecho indiano, conjunto de normas y elementos jurídicos que surgieron a partir de la práctica de este derecho en continente americano.

 

——Trescientos años después del proceso de conquista, con nuestro movimiento independentista y los primeros años del México libre, podríamos ya hablar del derecho mexicano. Por ejemplo, en 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, texto del que acabamos de conmemorar doscientos años de su promulgación. Así pues, han pasado aproximadamente dos mil ochocientos años de los primeros vestigios del derecho en Grecia, dos mil setecientos de la fundación de Roma, quinientos del proceso de conquista y apenas hemos vivido poco más de doscientos de nuestra vida independiente como país. A pesar de todo ese tiempo, de las grandes transformaciones que ha vivido el derecho, de los muy reconocidos aportes que ha hecho nuestro país al mundo jurídico y del extenso desarrollo del marco jurídico propio, seguimos acarreando un serio problema en la práctica jurídica. ¿Cómo hacer el derecho más cercano para los ciudadanos de a pie?

 

——La historia es vasta y podríamos abordar la práctica jurídica en todos y cada uno de los periodos de los que hablé, pero aquello fue solo para dar una idea de lo antiguo que es tanto el derecho como la práctica de este. Aun con ello, el derecho en México no ha encontrado la respuesta a la pregunta del párrafo anterior. Por supuesto, no somos el único país en que se vive esta distancia entre el derecho y la sociedad en general, pero resulta útil hacerse de nuevo este planteamiento en un momento en que la práctica jurídica experimenta un momento muy particular en la historia por la reforma al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de los Estados, respectivamente. Mucho se ha hablado ya de lo que nos han dejado estos cambios, hemos vivido una elección sin precedentes y ya hemos visto tanto la integración como el desempeño de los órganos jurisdiccionales. La reforma desarrolla muchos elementos, pero para esta columna me limitaré a mencionar lo que resultó más polémico y controversial tanto a nivel federal como estatal: la elección popular de la judicatura. Es decir, pasar de un proceso en el que tanto el ejecutivo como el legislativo participaban para designar a las personas titulares de los órganos encargados de impartir justicia a una elección en la que la ciudadanía los elige.

 

——Hay que regresar al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el artífice de esta reforma constitucional. Durante su administración se encargó sistemáticamente de atacar todos los días al Poder Judicial, ahora sabemos que todo se trató de una venganza en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes echaron para atrás muchas de las reformas y proyectos del entonces presidente. Pero si la motivación del presidente era únicamente la de venganza para que ya no hubiera trabas con las decisiones tomadas en el ejecutivo y el legislativo, ¿por qué recibió un apoyo popular abrumador? La respuesta atiende a muchas razones, pero hay una muy simple: porque la mayoría de los mexicanos no conocen la justicia, ya no hablemos de la función del poder judicial. No podemos atribuirle toda la responsabilidad a un personaje como López Obrador, ni tampoco a quienes apoyaron la reforma; también tienen responsabilidad la propia judicatura, quienes se opusieron y desde luego, todas las personas que se dedican o que nos estamos preparando para el mundo del derecho.

 

——Hablo de una responsabilidad y no de culpa, porque la culpa únicamente se atribuye y ya está, se enfrentan las consecuencias, pero cuando se habla de responsabilidad hay algo más allá y es la posibilidad de responder por ello y de tratar de hacer algo diferente. Sería erróneo creer que por unos cuantos, tenemos el poder judicial actual, porque al hacerlo, estaríamos omitiendo aquello que no se hizo o que se dejó de hacer para afrontar el asedio del gobierno de la 4T. No hay que ir tan lejos y ni siquiera hay que ahondar en la estructura del Poder Judicial para encontrar un buen ejemplo de ello: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte es el órgano que encabeza al Poder Judicial de la Federación. Nadie puede objetar que quienes integraban este órgano eran un grupo de juristas destacadísimos, con sus penosas excepciones, que la Corte era un contrapeso para el gobierno coyuntural que llegó en 2018 y que, con sus debidas reservas y mesuras, garantizaba la mejor interpretación y protección de los contenidos constitucionales. No obstante, tampoco se puede objetar que la Corte, como institución y no como las personas que la integraron, adolecía de un problema: hacer llegar al pueblo el resultado de su trabajo, de modo que pudieran entenderlo, analizarlo y criticarlo. No estoy hablando de la comunidad jurídica, porque con los años y la práctica, te haces de las herramientas y habilidades para familiarizarte con su trabajo.

——Me refiero al campesino que fue despojado de sus tierras, a las comunidades originarias que históricamente se han quedado en el rezago, a los familiares de quienes han sido víctimas del delito de desaparición forzada, a las mujeres que todos los días sufren de violencia y discriminación, a todos los sectores cuyas decisiones de la Corte impactan, que prácticamente diría que es todo el pueblo de México, pero que no necesariamente tienen una formación jurídica. ¿La Corte tomó decisiones en favor de estos grupos? Claramente sí, muchas de sus decisiones representan precedentes para la defensa de los derechos humanos, pero durante el último año casi no se habló de eso; se habló muchísimo más del conflictivo escenario en que se encuentra Ricardo Salinas Pliego, de la familia del ministro en retiro Luis María Aguilar Morales, de la cena en la que estuvieron presentes la entonces presidenta de la Corte y el dirigente nacional del PRI, entre muchos otros escenarios poco oportunos para la imagen institucional. Claro, es más fácil hacer polémica, como lo hizo el gobierno en turno, cuando como institución no has hecho lo suficiente para que el pueblo conozca lo que haces, por qué es importante que lo hagas y por qué debes mantenerte como hasta ahora.

 

——Muchas discusiones que vemos en el Congreso son un vil chiste y las conferencias mañaneras del ejecutivo federal del sexenio pasado tampoco eran serias y profesionales todo el tiempo, pero al menos, estábamos enterados de lo que hacían y de los temas que discutían. Muchas personas no sabían ni siquiera que existía la Corte hasta que López Obrador la puso en el foco de la discusión pública. Ya he enfocado mucho la posición de la judicatura en ese momento, pero no he dicho en dónde está el punto central de la imposibilidad del Poder Judicial para hacer visible su trabajo: el lenguaje jurídico. Las sesiones públicas de la Corte se transmiten en las redes sociales del propio órgano, la realidad es que muchas veces ni los propios abogados la ven, ya no se hable de quienes no se dedican a la rama jurídica. Y es que no las vemos, a diferencia de las mañaneras o del propio canal del Congreso, porque no les entendemos. El derecho, como cualquier área del conocimiento tiene su propio lenguaje, y como cualquier lenguaje específico, tiene sus complejidades y ello no implica que lo jurídico sea de otro planeta, que solo los operadores jurídicos lo entendamos y lo podamos hablar.

 

——Invito a los lectores a que se den el tiempo de ver al menos diez minutos de una sesión de la Corte y hacer el ejercicio de cuánto de lo discutido se comprendió. Ni hablar de leer una sentencia porque sucede algo similar o incluso peor. Y es que no estoy planteando que las discusiones o las sentencias sean de mala calidad por cuanto hace a lo jurídico, no. En realidad la Corte al ser el último órgano intérprete de la Constitución, era la figura en que esperábamos la más amplia y profesional discusión de los temas importantes, pero reitero, eso lo vislumbrábamos en la comunidad jurídica, y si bien somos un sector importante al que le tienen que hablar los órganos jurisdiccionales, no somos los más importantes: la ciudadanía y a quienes representamos, es el grupo en quien impacta directamente esas decisiones. Es al pueblo en general a quien hay que explicarle de la manera más detallada, minuciosa, clara y precisa el alcance de las decisiones y de los temas. No es un favor que se le hace al pueblo de México, es una obligación, porque de nada sirve ser un garante de derechos humanos, por ejemplo, y que la gente no sepa o no entienda en qué le beneficia en su esfera diaria una sentencia de la Corte.

 

——La práctica jurídica por parte de los órganos jurisdiccionales está viciada por la idea que engloba el término que ya muchos colegas de la comunidad jurídica han desarrollado y se han apropiado de él: el abogañol. ¿Qué es el abogañol? Simple, es el lenguaje de los abogados. Muy oportuno sería si fuera el lenguaje entre abogados, pero no, es el lenguaje de los abogados para todos sin distinción. La jerga innecesaria, las palabras rimbombantes, los tecnicismos que no se explican y que se creen entendibles por cualquier lector, la redacción larga y cansada, en fin, las expresiones propias que uno puede encontrar en los documentos y discusiones jurídicas. Pero algo quiero dejar en claro, al inicio del párrafo referí que los órganos jurisdiccionales están viciados por este problema; este sector es tan solo el cincuenta por ciento del problema, el otro cincuenta por ciento se encuentra en donde creo yo, está la otra gran parte de esta imposibilidad de compartir y hacer asequible el conocimiento más útil y oportuno de la rama jurídica: los abogados postulantes.

 

——Está de sobra decir que la profesión del abogado es una de las más desprestigiadas en nuestro país por un sinfín de escenarios con los que se relaciona a la profesión misma. La corrupción, el oportunismo, la delincuencia de cuello blanco, los tratos fraudulentos, las malas prácticas, por mencionar solo algunos. Este es el primer acercamiento directo con el derecho que tiene una persona cuando se le presenta un problema jurídico o cuando trata de prevenirlo, la realidad es que cuando se recurre a un abogado, comúnmente es porque ya no hay otra opción. ¿Qué puede esperar la gente de un abogado cuando a este, por su profesión, lo precede la reputación que ya referí? Prácticamente muy poco o nada. Preciso ahora, también sería un error generalizar que todos en la judicatura y que todos los abogados postulantes son malos por el simple hecho de haber estudiado la carrera de Licenciado en Derecho y por haber decidido ejercerla; hay gente brillante allá afuera que todos los días hace bien el trabajo y lo hace mejor de lo que se le podría exigir. Por ellos no hay que preocuparnos, hay que preocuparse por aquellos que siguen sin hacer algo para reivindicar la profesión.

——Lo anterior por cuanto hace a la reputación del abogado postulante, pensemos en lo mismo sobre la sesión y la sentencia de la Corte, porque así también ocurre con un abogado en esta dimensión. Presenta ante la autoridad escritos que los clientes no saben ni de qué tratan, qué dicen o en qué va a cambiar la ruta del proceso que están llevando. Las demandas, en palabras de personas que integran la judicatura, se tienen que descifrar; es decir, las personas que deben dar trámite a una solicitud para que inicie a trabajar el órgano jurisdiccional no pueden entender lo que otro colega, que se supone estudió lo mismo y se preparó para desempeñar ese papel en un proceso judicial, le está pidiendo. Si escuchamos eso, es porque algo se está haciendo mal.

 

——Es más, hay testimonios sobre abogados que cobran sus servicios en función de la cantidad de hojas que supuestamente van a escribir en una demanda, así no resulta ilógico que se presenten demandas de por lo menos cien hojas, cuando en diez pudiste haber dicho lo mismo, con mayor claridad y precisión para beneficio de quien representas. Con el ejemplo de la Corte y por lo que hace a los abogados postulantes hay dos impedimentos para cambiar de fondo el problema que he venido planteando: la necesidad de demostrar que se tiene conocimiento jurídico y derivado de este conocimiento, la legitimidad de un órgano, pero también la confianza que hay que tener en un mandatario judicial.

——Se cree que entre más cuartillas escribas, entre más principios generales del derecho cites, entre más jurisprudencias encuentres respecto del caso que hay que resolver, entre más tecnicismos emplees, más derecho sabrás. Esta es una idea completamente equivocada que se ha cultivado desde tiempos inmemorables, así es como debe ser un buen operador del derecho. Lo cierto es que, los años que hemos normalizado esta práctica, son los años que nos hemos estado alejando de nuestro quehacer social. Si somos imposibles de comunicar nuestro trabajo mediante un lenguaje claro y sencillo para quienes así lo necesitan, entonces realmente sirve de muy poco lo que podamos llegar a hacer. De ninguna manera lo anterior supone que disminuyamos el rigor técnico y profesional que requiere nuestra profesión, pero como lo mencioné en el párrafo sobre el abogañol, reservemos ese rigor en el lenguaje entre colegas y para las discusiones que así lo ameriten, porque incluso si se presenta una demanda ante la autoridad y la autoridad misma no entiende qué es lo que se pretende o viceversa, cuando la autoridad emite una sentencia y no se sabe al menos qué se resuelve y por qué, estamos perdidos.

——La idea es clara: el lenguaje es la base de toda comunicación entre los seres humanos. Hay otras disciplinas que implican el mismo rigor técnico, como son las ciencias exactas y las biológicas o del área de la salud. Pero, por ejemplo, a través de la divulgación científica se hace asequible el conocimiento de lo que impacta directamente en nuestras vidas. Resultaría útil ver desde la comunidad jurídica qué es lo que se puede replicar de estos modelos divulgativos, sí, desde la perspectiva de la academia, que ya se hace, pero más aún cuando se trata ya de la práctica jurídica profesional, porque ahí lo que se está en juego ya no es algo menor como que un alumno no te entienda como profesor y tengas que cambiar tus métodos de enseñanza; lo que está en juego es la libertad de una persona, su patrimonio, el resultado de una elección, la constitucionalidad de una norma, el futuro de los hijos producto de un matrimonio. En la práctica del derecho ya no se trabaja con hipótesis, con casos prácticos como en la universidad ni con la estadística que estudiamos, se trabaja con personas de carne y hueso que muchas veces se lo están jugando todo para acceder a la justicia.

——Y es por lo anterior que el tema del lenguaje jurídico no es menor, porque muchas veces de este depende que una persona pueda acceder a la justicia. Diría que, aunque no lo parezca, la barrera de la comunicación entre los abogados postulantes, las autoridades jurisdiccionales y las personas justiciables, son un vicio para la correcta impartición de justicia. ¿Qué sigue entonces? No hay una ruta clara del quehacer jurídico respecto de este problema, porque a ciencia cierta, esta discusión en muchos escenarios no pasa de la Academia que, si bien es el punto de partida de los grandes cambios, falta mucho para cambiar ya en la práctica el ejercicio del derecho. Mientras tanto, la formación de nuevas generaciones de operadores del derecho es fundamental para abatir con estos problemas. Escenarios como la oralidad en los procesos y la implementación de nuevos Códigos que pretenden ser más cercanos y entendibles para todas las personas, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, son escenarios propicios para reivindicar el lenguaje en la profesión.

——Ahora más que nunca es cuando la argumentación jurídica debe reforzarse para ser técnica y rigurosa cuando deba ser así y más humana; es decir, entendible para las personas que van a recibir directamente las consecuencias de una decisión que toma la autoridad. Nuevamente el derecho, como cualquier área del conocimiento es un área inacabada y con un sinfín de áreas por mejorar, ni siquiera la oralidad y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares garantizan un paso al frente en lo que diría yo, la humanización del derecho, porque para que el derecho sea humano, somos los operadores jurídicos quienes tenemos que dotarlo de esa cualidad y, ¿cómo lo hacemos? Iniciando con el lenguaje. Es imposible pretender que la sociedad se involucre en la discusión pública de los temas jurídicos relevantes si no comenzamos por el lenguaje mismo, ese fue uno de los grandes problemas durante la reforma al Poder Judicial. Si no podemos con esa tarea básica, no podemos esperar que haya grandes defensas en favor de la Ley de Amparo, por ejemplo. Creo que esta es una de las principales rutas de inicio y la que menos se ha trabajado.

——Concluyo la presente columna como la comencé, desde Grecia existe la profesión de la abogacía, los romanos le dieron forma y la perfeccionaron, llegó a nuestro país con la Conquista y perduró hasta el México independiente, después de tantos años, hay personas que dicen que esta profesión ya no sirve y que, en México, en balde se preparan a nuevas generaciones de operadores del derecho. Contesto rotundamente que no estoy de acuerdo, porque en los momento más difíciles e inciertos para un pueblo, es cuando más y mejor preparadas deben estar las personas encargadas de defender al más débil del más fuerte. Solo hace falta reivindicar la carrera y la profesión que muchos amamos y que disfrutamos enormemente de ponerla en práctica. No esperemos que esta reivindicación ocurra de la noche a la mañana, o en un año, es más, ni en un sexenio. La realidad es que falta mucho y hay muchos puntos de partida, pero el que es más incluyente para todos y para todas, es el de acercar el lenguaje jurídico. El derecho debiera ser tema de discusión de todos y de todas, porque de esta área depende casi todo o todo en nuestras vidas.

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El lenguaje jurídico:
la barrera de la justicia en México

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Abogado proviene del latín advocatus, voz latina formada por la partícula ad, a o para, y por el participio vocatus, llamado, lo que quiere decir llamado a o para. Sobra decir que el abogado siempre es requerido, la mayoría de las veces, por quienes se encuentran en un conflicto y necesitan de una asesoría y representación en términos legales para llevar un proceso ante una autoridad jurisdiccional. La profesión de la abogacía, considerando el vestigio más acabado de la profesión como la conocemos ahora, surge en Grecia; sin embargo, la historia dejó la tarea de desarrollar el derecho a los romanos. A nuestro actual territorio llegó el derecho de occidente gracias al proceso de conquista, pues los españoles, fuertemente influenciados por el derecho romano, trajeron en principio el derecho de Castilla, en buena medida porque fue este reino quien mayormente apoyó la llegada al nuevo territorio. Durante la vida colonial se desarrolló lo que ahora conocemos como el derecho indiano, conjunto de normas y elementos jurídicos que surgieron a partir de la práctica de este derecho en continente americano.

 

——Trescientos años después del proceso de conquista, con nuestro movimiento independentista y los primeros años del México libre, podríamos ya hablar del derecho mexicano. Por ejemplo, en 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, texto del que acabamos de conmemorar doscientos años de su promulgación. Así pues, han pasado aproximadamente dos mil ochocientos años de los primeros vestigios del derecho en Grecia, dos mil setecientos de la fundación de Roma, quinientos del proceso de conquista y apenas hemos vivido poco más de doscientos de nuestra vida independiente como país. A pesar de todo ese tiempo, de las grandes transformaciones que ha vivido el derecho, de los muy reconocidos aportes que ha hecho nuestro país al mundo jurídico y del extenso desarrollo del marco jurídico propio, seguimos acarreando un serio problema en la práctica jurídica. ¿Cómo hacer el derecho más cercano para los ciudadanos de a pie?

 

——La historia es vasta y podríamos abordar la práctica jurídica en todos y cada uno de los periodos de los que hablé, pero aquello fue solo para dar una idea de lo antiguo que es tanto el derecho como la práctica de este. Aun con ello, el derecho en México no ha encontrado la respuesta a la pregunta del párrafo anterior. Por supuesto, no somos el único país en que se vive esta distancia entre el derecho y la sociedad en general, pero resulta útil hacerse de nuevo este planteamiento en un momento en que la práctica jurídica experimenta un momento muy particular en la historia por la reforma al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de los Estados, respectivamente. Mucho se ha hablado ya de lo que nos han dejado estos cambios, hemos vivido una elección sin precedentes y ya hemos visto tanto la integración como el desempeño de los órganos jurisdiccionales. La reforma desarrolla muchos elementos, pero para esta columna me limitaré a mencionar lo que resultó más polémico y controversial tanto a nivel federal como estatal: la elección popular de la judicatura. Es decir, pasar de un proceso en el que tanto el ejecutivo como el legislativo participaban para designar a las personas titulares de los órganos encargados de impartir justicia a una elección en la que la ciudadanía los elige.

 

——Hay que regresar al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el artífice de esta reforma constitucional. Durante su administración se encargó sistemáticamente de atacar todos los días al Poder Judicial, ahora sabemos que todo se trató de una venganza en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes echaron para atrás muchas de las reformas y proyectos del entonces presidente. Pero si la motivación del presidente era únicamente la de venganza para que ya no hubiera trabas con las decisiones tomadas en el ejecutivo y el legislativo, ¿por qué recibió un apoyo popular abrumador? La respuesta atiende a muchas razones, pero hay una muy simple: porque la mayoría de los mexicanos no conocen la justicia, ya no hablemos de la función del poder judicial. No podemos atribuirle toda la responsabilidad a un personaje como López Obrador, ni tampoco a quienes apoyaron la reforma; también tienen responsabilidad la propia judicatura, quienes se opusieron y desde luego, todas las personas que se dedican o que nos estamos preparando para el mundo del derecho.

 

——Hablo de una responsabilidad y no de culpa, porque la culpa únicamente se atribuye y ya está, se enfrentan las consecuencias, pero cuando se habla de responsabilidad hay algo más allá y es la posibilidad de responder por ello y de tratar de hacer algo diferente. Sería erróneo creer que por unos cuantos, tenemos el poder judicial actual, porque al hacerlo, estaríamos omitiendo aquello que no se hizo o que se dejó de hacer para afrontar el asedio del gobierno de la 4T. No hay que ir tan lejos y ni siquiera hay que ahondar en la estructura del Poder Judicial para encontrar un buen ejemplo de ello: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte es el órgano que encabeza al Poder Judicial de la Federación. Nadie puede objetar que quienes integraban este órgano eran un grupo de juristas destacadísimos, con sus penosas excepciones, que la Corte era un contrapeso para el gobierno coyuntural que llegó en 2018 y que, con sus debidas reservas y mesuras, garantizaba la mejor interpretación y protección de los contenidos constitucionales. No obstante, tampoco se puede objetar que la Corte, como institución y no como las personas que la integraron, adolecía de un problema: hacer llegar al pueblo el resultado de su trabajo, de modo que pudieran entenderlo, analizarlo y criticarlo. No estoy hablando de la comunidad jurídica, porque con los años y la práctica, te haces de las herramientas y habilidades para familiarizarte con su trabajo.

——Me refiero al campesino que fue despojado de sus tierras, a las comunidades originarias que históricamente se han quedado en el rezago, a los familiares de quienes han sido víctimas del delito de desaparición forzada, a las mujeres que todos los días sufren de violencia y discriminación, a todos los sectores cuyas decisiones de la Corte impactan, que prácticamente diría que es todo el pueblo de México, pero que no necesariamente tienen una formación jurídica. ¿La Corte tomó decisiones en favor de estos grupos? Claramente sí, muchas de sus decisiones representan precedentes para la defensa de los derechos humanos, pero durante el último año casi no se habló de eso; se habló muchísimo más del conflictivo escenario en que se encuentra Ricardo Salinas Pliego, de la familia del ministro en retiro Luis María Aguilar Morales, de la cena en la que estuvieron presentes la entonces presidenta de la Corte y el dirigente nacional del PRI, entre muchos otros escenarios poco oportunos para la imagen institucional. Claro, es más fácil hacer polémica, como lo hizo el gobierno en turno, cuando como institución no has hecho lo suficiente para que el pueblo conozca lo que haces, por qué es importante que lo hagas y por qué debes mantenerte como hasta ahora.

 

——Muchas discusiones que vemos en el Congreso son un vil chiste y las conferencias mañaneras del ejecutivo federal del sexenio pasado tampoco eran serias y profesionales todo el tiempo, pero al menos, estábamos enterados de lo que hacían y de los temas que discutían. Muchas personas no sabían ni siquiera que existía la Corte hasta que López Obrador la puso en el foco de la discusión pública. Ya he enfocado mucho la posición de la judicatura en ese momento, pero no he dicho en dónde está el punto central de la imposibilidad del Poder Judicial para hacer visible su trabajo: el lenguaje jurídico. Las sesiones públicas de la Corte se transmiten en las redes sociales del propio órgano, la realidad es que muchas veces ni los propios abogados la ven, ya no se hable de quienes no se dedican a la rama jurídica. Y es que no las vemos, a diferencia de las mañaneras o del propio canal del Congreso, porque no les entendemos. El derecho, como cualquier área del conocimiento tiene su propio lenguaje, y como cualquier lenguaje específico, tiene sus complejidades y ello no implica que lo jurídico sea de otro planeta, que solo los operadores jurídicos lo entendamos y lo podamos hablar.

 

——Invito a los lectores a que se den el tiempo de ver al menos diez minutos de una sesión de la Corte y hacer el ejercicio de cuánto de lo discutido se comprendió. Ni hablar de leer una sentencia porque sucede algo similar o incluso peor. Y es que no estoy planteando que las discusiones o las sentencias sean de mala calidad por cuanto hace a lo jurídico, no. En realidad la Corte al ser el último órgano intérprete de la Constitución, era la figura en que esperábamos la más amplia y profesional discusión de los temas importantes, pero reitero, eso lo vislumbrábamos en la comunidad jurídica, y si bien somos un sector importante al que le tienen que hablar los órganos jurisdiccionales, no somos los más importantes: la ciudadanía y a quienes representamos, es el grupo en quien impacta directamente esas decisiones. Es al pueblo en general a quien hay que explicarle de la manera más detallada, minuciosa, clara y precisa el alcance de las decisiones y de los temas. No es un favor que se le hace al pueblo de México, es una obligación, porque de nada sirve ser un garante de derechos humanos, por ejemplo, y que la gente no sepa o no entienda en qué le beneficia en su esfera diaria una sentencia de la Corte.

 

——La práctica jurídica por parte de los órganos jurisdiccionales está viciada por la idea que engloba el término que ya muchos colegas de la comunidad jurídica han desarrollado y se han apropiado de él: el abogañol. ¿Qué es el abogañol? Simple, es el lenguaje de los abogados. Muy oportuno sería si fuera el lenguaje entre abogados, pero no, es el lenguaje de los abogados para todos sin distinción. La jerga innecesaria, las palabras rimbombantes, los tecnicismos que no se explican y que se creen entendibles por cualquier lector, la redacción larga y cansada, en fin, las expresiones propias que uno puede encontrar en los documentos y discusiones jurídicas. Pero algo quiero dejar en claro, al inicio del párrafo referí que los órganos jurisdiccionales están viciados por este problema; este sector es tan solo el cincuenta por ciento del problema, el otro cincuenta por ciento se encuentra en donde creo yo, está la otra gran parte de esta imposibilidad de compartir y hacer asequible el conocimiento más útil y oportuno de la rama jurídica: los abogados postulantes.

 

——Está de sobra decir que la profesión del abogado es una de las más desprestigiadas en nuestro país por un sinfín de escenarios con los que se relaciona a la profesión misma. La corrupción, el oportunismo, la delincuencia de cuello blanco, los tratos fraudulentos, las malas prácticas, por mencionar solo algunos. Este es el primer acercamiento directo con el derecho que tiene una persona cuando se le presenta un problema jurídico o cuando trata de prevenirlo, la realidad es que cuando se recurre a un abogado, comúnmente es porque ya no hay otra opción. ¿Qué puede esperar la gente de un abogado cuando a este, por su profesión, lo precede la reputación que ya referí? Prácticamente muy poco o nada. Preciso ahora, también sería un error generalizar que todos en la judicatura y que todos los abogados postulantes son malos por el simple hecho de haber estudiado la carrera de Licenciado en Derecho y por haber decidido ejercerla; hay gente brillante allá afuera que todos los días hace bien el trabajo y lo hace mejor de lo que se le podría exigir. Por ellos no hay que preocuparnos, hay que preocuparse por aquellos que siguen sin hacer algo para reivindicar la profesión.

——Lo anterior por cuanto hace a la reputación del abogado postulante, pensemos en lo mismo sobre la sesión y la sentencia de la Corte, porque así también ocurre con un abogado en esta dimensión. Presenta ante la autoridad escritos que los clientes no saben ni de qué tratan, qué dicen o en qué va a cambiar la ruta del proceso que están llevando. Las demandas, en palabras de personas que integran la judicatura, se tienen que descifrar; es decir, las personas que deben dar trámite a una solicitud para que inicie a trabajar el órgano jurisdiccional no pueden entender lo que otro colega, que se supone estudió lo mismo y se preparó para desempeñar ese papel en un proceso judicial, le está pidiendo. Si escuchamos eso, es porque algo se está haciendo mal.

 

——Es más, hay testimonios sobre abogados que cobran sus servicios en función de la cantidad de hojas que supuestamente van a escribir en una demanda, así no resulta ilógico que se presenten demandas de por lo menos cien hojas, cuando en diez pudiste haber dicho lo mismo, con mayor claridad y precisión para beneficio de quien representas. Con el ejemplo de la Corte y por lo que hace a los abogados postulantes hay dos impedimentos para cambiar de fondo el problema que he venido planteando: la necesidad de demostrar que se tiene conocimiento jurídico y derivado de este conocimiento, la legitimidad de un órgano, pero también la confianza que hay que tener en un mandatario judicial.

——Se cree que entre más cuartillas escribas, entre más principios generales del derecho cites, entre más jurisprudencias encuentres respecto del caso que hay que resolver, entre más tecnicismos emplees, más derecho sabrás. Esta es una idea completamente equivocada que se ha cultivado desde tiempos inmemorables, así es como debe ser un buen operador del derecho. Lo cierto es que, los años que hemos normalizado esta práctica, son los años que nos hemos estado alejando de nuestro quehacer social. Si somos imposibles de comunicar nuestro trabajo mediante un lenguaje claro y sencillo para quienes así lo necesitan, entonces realmente sirve de muy poco lo que podamos llegar a hacer. De ninguna manera lo anterior supone que disminuyamos el rigor técnico y profesional que requiere nuestra profesión, pero como lo mencioné en el párrafo sobre el abogañol, reservemos ese rigor en el lenguaje entre colegas y para las discusiones que así lo ameriten, porque incluso si se presenta una demanda ante la autoridad y la autoridad misma no entiende qué es lo que se pretende o viceversa, cuando la autoridad emite una sentencia y no se sabe al menos qué se resuelve y por qué, estamos perdidos.

——La idea es clara: el lenguaje es la base de toda comunicación entre los seres humanos. Hay otras disciplinas que implican el mismo rigor técnico, como son las ciencias exactas y las biológicas o del área de la salud. Pero, por ejemplo, a través de la divulgación científica se hace asequible el conocimiento de lo que impacta directamente en nuestras vidas. Resultaría útil ver desde la comunidad jurídica qué es lo que se puede replicar de estos modelos divulgativos, sí, desde la perspectiva de la academia, que ya se hace, pero más aún cuando se trata ya de la práctica jurídica profesional, porque ahí lo que se está en juego ya no es algo menor como que un alumno no te entienda como profesor y tengas que cambiar tus métodos de enseñanza; lo que está en juego es la libertad de una persona, su patrimonio, el resultado de una elección, la constitucionalidad de una norma, el futuro de los hijos producto de un matrimonio. En la práctica del derecho ya no se trabaja con hipótesis, con casos prácticos como en la universidad ni con la estadística que estudiamos, se trabaja con personas de carne y hueso que muchas veces se lo están jugando todo para acceder a la justicia.

——Y es por lo anterior que el tema del lenguaje jurídico no es menor, porque muchas veces de este depende que una persona pueda acceder a la justicia. Diría que, aunque no lo parezca, la barrera de la comunicación entre los abogados postulantes, las autoridades jurisdiccionales y las personas justiciables, son un vicio para la correcta impartición de justicia. ¿Qué sigue entonces? No hay una ruta clara del quehacer jurídico respecto de este problema, porque a ciencia cierta, esta discusión en muchos escenarios no pasa de la Academia que, si bien es el punto de partida de los grandes cambios, falta mucho para cambiar ya en la práctica el ejercicio del derecho. Mientras tanto, la formación de nuevas generaciones de operadores del derecho es fundamental para abatir con estos problemas. Escenarios como la oralidad en los procesos y la implementación de nuevos Códigos que pretenden ser más cercanos y entendibles para todas las personas, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, son escenarios propicios para reivindicar el lenguaje en la profesión.

——Ahora más que nunca es cuando la argumentación jurídica debe reforzarse para ser técnica y rigurosa cuando deba ser así y más humana; es decir, entendible para las personas que van a recibir directamente las consecuencias de una decisión que toma la autoridad. Nuevamente el derecho, como cualquier área del conocimiento es un área inacabada y con un sinfín de áreas por mejorar, ni siquiera la oralidad y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares garantizan un paso al frente en lo que diría yo, la humanización del derecho, porque para que el derecho sea humano, somos los operadores jurídicos quienes tenemos que dotarlo de esa cualidad y, ¿cómo lo hacemos? Iniciando con el lenguaje. Es imposible pretender que la sociedad se involucre en la discusión pública de los temas jurídicos relevantes si no comenzamos por el lenguaje mismo, ese fue uno de los grandes problemas durante la reforma al Poder Judicial. Si no podemos con esa tarea básica, no podemos esperar que haya grandes defensas en favor de la Ley de Amparo, por ejemplo. Creo que esta es una de las principales rutas de inicio y la que menos se ha trabajado.

——Concluyo la presente columna como la comencé, desde Grecia existe la profesión de la abogacía, los romanos le dieron forma y la perfeccionaron, llegó a nuestro país con la Conquista y perduró hasta el México independiente, después de tantos años, hay personas que dicen que esta profesión ya no sirve y que, en México, en balde se preparan a nuevas generaciones de operadores del derecho. Contesto rotundamente que no estoy de acuerdo, porque en los momento más difíciles e inciertos para un pueblo, es cuando más y mejor preparadas deben estar las personas encargadas de defender al más débil del más fuerte. Solo hace falta reivindicar la carrera y la profesión que muchos amamos y que disfrutamos enormemente de ponerla en práctica. No esperemos que esta reivindicación ocurra de la noche a la mañana, o en un año, es más, ni en un sexenio. La realidad es que falta mucho y hay muchos puntos de partida, pero el que es más incluyente para todos y para todas, es el de acercar el lenguaje jurídico. El derecho debiera ser tema de discusión de todos y de todas, porque de esta área depende casi todo o todo en nuestras vidas.

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Sin título. J. T. Curz, 2024.

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